Mariano Rajoy y como actual Presidente del Gobierno ha sido
citado por el Tribunal de la Audiencia Nacional para que atestigüe sobre un
caso de supuesta financiación de su partido ante la campaña municipal del año
2003, básicamente en dos pueblos de la comunidad madrileña, los de Majadahonda y Pozuelo De ello
hace pues 14 años.
La decisión del Tribunal, por quienes tienen competencia
para ello, no ha sido unánime y por lo que se dice, por dos votos a uno se ha
finiquitado el “asunto”. Todo hace presumir que en la aplicación del
reglamento, el mismo, es tan abstracto,
que para lo que unos es blanco, lo es negro para otros. No debiera ser así ante
casos de especial relevancia. O mejor sería que no lo fuera nunca,
prevaleciendo en la esencia del código penal un fundamento que nunca debiera ser poliédrico. O dos.
Dos valores inherentes a la condición de ciudadanos que el
actual marco constitucional nos regala, que no son ni más ni menos que seamos
todos portadores de la presunción de inocencia y gozar del derecho de amparo.
Pero tanto el uno como el otro han desaparecido de nuestras
vidas. Ya no existen.
Y su derrame, que no huida, se ha producido por un valladar de cieno alentado por
políticos deleznables, algunos más populistas que otros, con cánticos de
victoria por parte de un sector de los medios, alguno con halitosis de infamias, y a mayor sandez bajo
la protección de un sector de los jueces para quienes el todo vale ha sido y es
estandarte de sus miserias, admitiendo para su juicio cualquier insidia que
cualquier día del año se presente ante su despacho.
¿Objetivo?
Que el designado ante la opinión pública sea considerado culpable: bien como investigado o bien como testigo.
Muy bueno julio
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