“Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”.
Este es uno de los “considerandos” que han llevado al final de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hacen suya todas las naciones en defensa de la dignidad de las personas. Y de la misma y desde su entrada en vigor, los Tribunales de Justicia se han impregnado de su significado en sus decisiones. O esto es lo que creemos.
Son las personas las que con sus hechos se definen a sí mismas en base a los valores de los que son portadores. Pero nada ni nadie les obliga a ello. De su acontecer, resolverán ante la sociedad que les corresponderá en la medida de sus actitudes.
No es así con las diferentes asociaciones cuya actitud debe basarse en la razón para las que fueron creadas.
Pero no todo el monte es orégano. Haberlos haylos que saben de atajos por donde burlar las leyes, aplicando otras leyes cuya única motivación es la de esquivar la más sustancial, a sabiendas de que van a encontrar el camino para exculpar al reo y hacer daño a la víctima. Y a fe que los hay.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conocido como Tribunal de Estrasburgo, ha dado el visto bueno a quienes empeñados en burlarse de la ley, han encontrado el camino para que penas de miles de años motivadas por los hechos probados de hacer daño a la humanidad, se queden en apenas una veintena de ellos a saldar con la justicia, sin tener en cuenta siquiera, que no sólo se van a liberar de sus sentencias la gentuza más sanguinaria, sino que las indemnizaciones impuestas en recompensa a sus víctimas (si con ellas fuera posible, que no lo es) se las han pasado por la entrepierna. Como es el caso de Inés del Rio, causante de treinta asesinatos, con una sentencia de 3.828 años de cárcel que se ha visto reducida a 26 años y a quien al mismo tiempo hay que indemnizar por parte del Estado Español en la cantidad de 60.000 euros más las costas.
Si daño es el que se hace a los familiares de las víctimas y a la sociedad entera (entendiendo a esta como la de la buena gente) con semejante y agraviada decisión, mayor es la estocada que se ha dado a sí mismo el Tribunal de Estrasburgo cuya autoridad moral y a partir de este momento queda en entredicho.
Inés del Rio está libre. Y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ejerciendo justicia. Como para echarse a temblar.
Y mientras quienes urdieron la estrategia para burlarlo brindan con sus copas al aire, a los miembros que deshonran a la Institución que debiera ser firme defensora de los Derechos Humanos y de la dignidad de las personas no se les cae la cara de vergüenza.
Este es el mundo en el que vivimos. El que nos toca vivir.
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