La alcaldesa de Valencia Rita Barbera, en declaraciones a la prensa ha manifestado que comer con una persona no supone ningún acto administrativo; a lo que añado y por mi cuenta, sea ello en privado, con carácter institucional o con quien pueda representar a cualquier entidad mercantil.
Sin embargo, un juez está investigando un caso como el que me ocupa, lo que traslada a la sociedad en la que nos hallamos a otra más bien propia de un régimen totalitario, tan del gusto del Willy Toledo o de los Bardem.
Es preocupante que algún juez de este país, tan de charanga y pandereta, pan y circo, se decida investigar un hecho normal en la vida social, como es el de reunirse en la mesa de un restaurante un representante municipal con el de una sociedad legalmente constituida, nada que ver con la celebrada en la catacumba de una gasolinera. Sea quien sea, y haga lo que haga el acompañante de turno. Preocupante muy preocupante.
De seguir en esta situación el derecho de amparo a cualquier ciudadano de la cosa pública, es cada vez más necesario. Y que sean los propios jueces quienes puedan garantizar el mismo, nos lleva a estar inmersos en una sociedad que se pasa por la manga el derecho constitucional.
Comer o almorzar como dicen los “finos”, no puede mi debe presentarse ante la opinión pública como un presunto acto delictivo, y son los propios jueces quienes tienen la responsabilidad de que un acto normal, que es normal, pueda tener la consideración de uno delictivo, pague quien pague la cuenta de la comida, o del almuerzo.
El Estado de Derecho, la libertad del ciudadano y la presunción de inocencia, todo ello en plural porque debe alcanzar a todos, son derechos inquebrantables que los jueces deben salvaguardar, al igual que lo es el de reunión, puesto en peligro por un juez que, con su actuación, parece añorar el derogado TOP, en román paladino, el Tribunal de Orden Público.
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