Quiérase o no la justicia española está en entredicho; demasiadas dudas en la actual legislatura.
Y lo está por las actuaciones dispares de los jueces tal y como lo hemos visto en los últimos tiempos, fruto de unas sentencias que, siendo tan distantes como distintas, son resoluciones de casos semejantes y en ocasiones calcados. Como diría Don Leopoldo Calvo Sotelo, cuya elevada talla intelectual se contrapone con el corto espacio de tiempo que dirigió la gobernabilidad de los españoles.
Y no sólo por sus diferentes varas de medir en ocasión de sus fallos judiciales, sino también y a mayor abundamiento por la rapidez en la resolución de los recursos cuando es de conveniencia. Mientras algunos se han finiquitado en un corto espacio de tiempo, otros se han dilatado sin causa alguna que lo justifique, tanto en cuanto haya sido la ventaja política la causante de la celeridad o tardanza en su resolución; siempre en beneficio del actual Gobierno.
Igualmente es de dudosa equidad la actuación del juez estrella Baltasar Garzón que mientras se ha negado a admitir a trámite denuncias contra Santiago Carrillo por su presunta implicación en miles de asesinatos producidos sin la más mínima posibilidad de defensa por parte de las victimas, ha mostrado sin embargo su disponibilidad al enjuiciamiento de actuaciones producto de juicios sumarísimos cuya legalidad se cuestiona.
Que se ordene la repetición de un juicio a Arnaldo Otegui por exaltación al terrorismo, cuyo pelaje, pasado y actual, es sobradamente conocido por su acción chulesca contra el poder judicial, sólo causa estupor en las conciencias de los ciudadanos. Al menos, en su gran e inmensa mayoría.
La decidida actuación del entorno etarra de participar en las próximas elecciones municipales les ha llevado al disfraz, que nada tiene que ver con las fiestas del carnaval que se avecinan. Son los mismos perros, y tal es su osadía que los collares son los mismos. Su órdago a la Justicia Española es tan claro como manifiesto: salpimentado además en su firme decisión de no aceptar el actual Estado de las Autonomías, ni en definitiva, el juego político que la Constitución Española ampara a un pueblo soberano. Un entorno etarra activo en su decisión de enturbiar la vida social en una parte de España, mediante la extorsión, la provocación y la amenaza a una mayoría de ciudadanos que ven cercenadas sus libertades en su diario quehacer en muchas de sus facetas.
Conocida la decisión del Gobierno de Zapatero que, como Pilatos se lava las manos y se desprende de su responsabilidad, deja su decisión a los tribunales. Veremos lo que resuelve el tribunal competente del que existen justificadas razones para dudar de sus decisiones sometido como está al poder ejecutivo.
La prueba del algodón está servida.
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