Por supuesto que cualquier persona se merece el mayor de los respetos, pero la mejor garantía para otorgárselo pasa por que se lo gane; difícilmente puede respetarse a quien no lo hace consigo mismo.
Igual sucede con cualquier institución sea cual sea su grado, que por otra parte, cuanto más importante sea, su escrupulosidad en mantener su propio respeto a ello se debe, sin dejar la menor mácula que nos dé ocasión a la duda.
Duda que no debiera existir por su alta dignidad y que sin embargo nos suscita el Tribunal Constitucional que en su último fallo ha autorizado a participar en las próximas elecciones -que lo son como fruto del actual marco constitucional- a quienes están dispuestos al no acatamiento de su articulado, al tiempo que su proximidad al entorno terrorista es sobradamente conocido por quienes quieran saberlo.
Le bastaría a sus señorías con unas pocas horas de consulta popular por cualquier caserío de las tres provincias vascas para certificar una evidencia conocida por todos. Por supuesto, a poco que el Tribunal Constitucional opte por la mayor de las garantías para su cometido, una vez deslegitimado los múltiples informes de los Cuerpos de Seguridad del Estado de los que ha pasado de largo.
No ayuda al prestigio que debiera tener un organismo que ha necesitado más de tres largos años para decidirse sobre una cuestión que debió de resolver en muy pocas horas, cuando de forma clara y rotunda la actual Constitución Española enmarca en su articulado que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y no en una parte del mismo.
Flaco favor el que se ha hecho así mismo, a la sociedad española en su conjunto y a quienes han sufrido los zarpazos del terrorismo. Sobre la institución pesará las consecuencias de quienes jamás estarán dispuestos a aceptar el marco autonómico español que el Alto Tribunal tiene la obligación de defender y darnos buena muestra de ello.
Hacer todo lo contrario, es más bien abrir los cauces para que una organización avenida al entorno etarra ocupe una parte de los hemiciclos españoles. Y no precisamente para servirlos, sino para utilizarlos en su propio beneficio en contra de la inmensa mayoría de nuestra soberanía nacional que el Alto Tribunal Constitucional tiene la obligación, no sólo institucional, que para eso cobra, sino también moral, de salir en su defensa.
Nota.- Este artículo lo he dirigido al registro del Tribunal Constitucional firmado con mi nombre y número de DNI.
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