El derecho a la manifestación es un acto lícito recogido en nuestra Constitución y que las instituciones democráticas por ello velan, salvo en aquellos casos que se vaya a hacer apología del terrorismo que es cuando las prohíben, aunque no siempre, pues algunas hemos visto exaltando a asesinos.
Por citar sólo las del actual milenio hemos visto cientos de manifestaciones organizadas por diferentes agrupaciones. Desde asociaciones de vecinos a partidos políticos, pasando por toda clase de colectivos que han visto en su reivindicación una forma de presionar para lograr sus fines.
Afortunadamente y en la mayoría de las ocasiones, las concentraciones por las calles de nuestras ciudades se han efectuado con absoluta normalidad, con la única molestia que supone para el resto de los ciudadanos el mermar su libre circulación por la calles. Pero esto también sucede en el caso de las fiestas locales que producen un caos urbano asumido por todos.
El derecho a la manifestación lo recogen nuestras leyes y según tengo entendido no es necesaria la autorización: tan sólo la comunicación al órgano institucional correspondiente indicando el recorrido por sus calles. Y de esta guisa han venido sucediendo, incluso muchas de ellas, con halos de fiesta y aplausos de quienes a su paso las encuentran.
Lo que no es de recibo es que una manifestación no comunicada a la autoridad competente, sea alentada de forma fraudulenta a través de las muchas posibilidades que nos ofrece Internet por un partido político con representación tanto en las Cortes Españolas como en las Cortes Autonómicas y en los Ayuntamientos.
Ese esconder la cara y alentar a través del “pásalo” una manifestación, incluso haciendo acto de presencia en la misma los altos cargos de un partido político en busca del necesario protagonismo para erigirse en una referencia para la defensa del mejor funcionamiento de nuestras instituciones en beneficio del ciudadano, no es la mejor forma de cumplir con sus obligaciones otorgadas mediante el voto en las urnas.
Igualmente hemos visto en muchas ocasiones actuaciones provocadas por los decididos al enfrentamiento urbano contra las fuerzas de seguridad. Acciones que todos sabemos como empiezan pero se ignora hasta que extremo pueden llegar. Y en esa espiral de violencia, por desgracia, nadie gana, porque todos pierden.
Está muy bien la apertura de responsabilidades en quienes no hayan actuado como corresponde; y aún más, si en el cumplimiento de su deber su celo policial se haya transmutado en una acción más contundente de la que se debiera y que por su propia espiral violenta iniciada por aquellos que saben lograr lo que desean, se le haya ido de las manos, pues su profesionalidad se lo exige.
Bueno sería que por estos actos y con la misma contundencia que se piden responsabilidades a las instituciones -tanto locales como nacionales- por aquellos lideres políticos que a la sazón se involucran directa o indirectamente en ellas y que con su presencia buscan una rentabilidad política que debieran conseguir dignamente en los hemiciclos, igualmente recayera sobre ellos el peso de la Ley al optar por el inicio de una “primavera valenciana” fuera del lugar en donde les corresponde.
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