No es lo normal que para el cumplimiento de una Ley aprobada en el hemiciclo municipal de Valencia, contando además con el beneplácito por diferentes sentencias de la Audiencia Provincial además del refrendo del Tribunal Supremo, y que con anterioridad fue sometida electoralmente contando con la aceptación no sólo mayoritaria sino absoluta, no es normal, digo, que cuando va a ejecutarse la Ley en beneficio de un barrio necesitado de su rehabilitación, sea necesaria la presencia de los Cuerpos de Seguridad ante la amenaza violenta de un grupo de sobra conocido por todos, dispuesto a hacer frente a unas obras cuyo tramite ha superado la más absoluta legalidad.
No es nada recomendable, ni higiénico, especialmente por su amenaza al fortalecimiento del Estado de Derecho, que de forma violenta se trate de impedir el cumplimiento de una ley sometida a votación popular.
Acción violenta, como ya la anunciaron hace pocas fechas desde su condición de Diputados Autonómicos de forma expresa y del agrado de la bancada socialista municipal- encaminada a poner toda clase de trabas al legítimo derecho que tienen los vecinos del Cabanyal a vivir con dignidad, a verse a salvo de la cochambre y del peligro que en la actualidad existe en su zona más degradada y a cuya rehabilitación se está dedicando con todos sus esfuerzos el partido que nos gobierna. Esfuerzos sólo frenados por un grupo ajeno al barrio que ha visto en la acción lenta de los Tribunales la posibilidad de degradar aún más el barrio y a la búsqueda de una presunta renta electoral que jamás se trasladará a sus escaños.
Recursos utilizados siempre desde la mentira, desde el engaño y desde el más absoluto desprecio a los vecinos del barrio del Cabanyal, pero recurriendo al apoyo del sectarismo más pancartero que desde allí a donde se les llame, acuden a toque de corneta con el único objetivo de la cizaña y de la confrontación vecinal, como únicos anhelos.
Si recientemente y por unanimidad de los dos grupos políticos en el Ayuntamiento, se aprobaron los derribos y cuya ejecución hoy mismo ha comenzado, no se entiende, repito, la necesidad de tal despliegue policial en la zona afectada.
La amenaza existente sobre el “estado de derecho” y sobre nuestras instituciones, se cierne de la mano ministerial de quien no tienen en cuenta el deseo mayoritario de los vecinos. Vecinos que poco a poco hacen acto de presencia en sus balcones demandando la urgente regeneración del barrio mediante el proyecto de la apertura de la “Avenida al Mar” reivindicado especialmente en los últimos treinta años y por los diferentes Consistorios que lo han gobernado.
Siendo lo más esperpéntico de todo el que quienes desde sus escaños debieran someterse al resultado de las urnas y a los deseos de los vecinos, son en cambio los que instigan, fomentan, alientan y participan en acciones violentas, incluso atentando contra las fuerzas del orden, quienes con el ejemplo de cumplir con su obligación, les emplazan al mismo tiempo a cumplir con las suyas. Misión a la que están llamados en sus escaños, pero no desde la insidia de las mentiras, sino con la decencia de la verdad.





